La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la derogación de la “ley minera” y por lo tanto vuelve a regir la 7722, norma que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Ahora el Poder Ejecutivo debe promulgarla y todo vuelve a la misma situación previa.
El Senado había aprobado más temprano el proyecto por 43 votos positivos, 4 negativos (Gustavo Cairo, Hebe Casado, Guillermo Mosso y Josefina Canale) y 1 ausente. En Diputados el debate fue similar. Los legisladores con posiciones más tajantes fueron Mailé Rodríguez, del FIT, Guillermo Mosso, del oficialismo, que con cada “Los perseguidos fuimos los que votamos esta ley. Los que queremos minería. Fuimos agredidos, violentados”, aseguró. Estas prácticas fascistas de señalar con el dedo me hizo retrotraer, me hizo pensar en el pueblo judío. Si por una opinión o una religión fueron masacrados”, dijo. “Esto estuvo a centímetros de convertirse en Chile y había muchos interesados en que así sea”, agregó. Mosso votó en contra de la derogación. Mario Vadillo apoyó la derogación y, de hecho, había estado en contra de la reforma de la 7722.
El debate fue similar al del Senado y hubo posiciones encontradas. Los problemas económicos que atraviesa la provincia, el cuidado del agua y hasta las presiones recibidas fueron los datos salientes.
La ley 9209 cumplió un ciclo con pocos antecedentes. Fue sancionada con amplio aval, luego de que fuera propuesta por el Gobernador que asumió pocos días antes. Pero por la presión social fue derogada. La 7722 tuvo un tránsito similar en el momento de la sanción. En 2007 la Legislatura sancionó una ley que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. Pero luego, también bajo presión, se sancionó la 7722 y el Gobernador la promulgó.
Lo que sigue
La ley 7722 queda plenamente vigente y por lo tanto volverán las restricciones para la minería metalífera y las prohibiciones para el uso de algunas sustancias tóxicas, pero exclusivamente en esa actividad.
Los dos cambios más importantes que fueron revertidos tienen que ver con el uso de sustancias y el control político para los proyectos mineros. El artículo 1 de la ley 7722 original es el que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, y “otras sustancias tóxicas” en la minería.
El artículo 3 es otro de los puntos clave: obliga a que cualquier proyecto minero deba pasar un tamiz político en la Legislatura. Para avanzar las empresas necesitan que el Gobierno apruebe una Declaración de Impacto Ambiental, donde se determinan los métodos de trabajo, los riesgos ambientales, los impactos que tendrá y cómo lo sanearán. La ley 5961 regula el impacto ambiental. Pero la 7722 le agrega un plus a la minería: la Declaración de Impacto Ambiental de esos proyectos debe tener ratificación legislativa. Esto incluye a todos los procesos; desde la exploración, hasta la explotación.
La ley fue sancionada en 2007. Desde ese año fue recurrida en la Justicia y la Suprema Corte ratificó su constitucionalidad luego de 10 años, en noviembre de 2017. Este año fue modificada a través de la ley 9209. Pero ese cambio fue revertido hoy.
La 7722 es una norma que no regula el uso del recurso hídrico, ni extiende sus alcances más allá de la minería. Por eso la repercusión de la norma es acotada. Es decir, es una ley que evita aumentar la presión sobre el recurso hídrico al introducir otra actividad extractiva que compita con el resto. Pero no tiene impacto sobre otras actividades industriales y extractivas. En los hechos restringe fuertemente la minería a cielo abierto, de yacimientos de metales diseminados, que usan para su explotación sustancias químicas.
Las dos minas aprobadas
El único proyecto minero que pasó todos los filtros fue Hierro Indio. En octubre fue aprobado el proyecto de exploración, que se realizará en Malargüe. El otro que llegó al recinto legislativo con la 7722 vigente fue San Jorge, que buscaba explotar un yacimiento de cobre en Uspallata. Pero fue bochado por la Legislatura, también en el marco de un fuerte rechazo social.
Hay otra excepción. La 7722 no incluye en su alcance al proceso de remediación de pasivos ambientales producidos por la minería. Por eso hay un “proceso minero” autorizado sin esa ley. Es lo que ocurre en Sierra Pintada, la mina de uranio de San Rafael que había sido abandonada y que ahora se está remediando. Parte de ese trabajo se debe hacer emulando el proceso minero que se usaba en la explotación.