Hoy Mendoza derogó la Ley 9209 —aprobada apenas unos días atrás— y restituyó la vigencia plena de la Ley 7722. Y aunque comprendo el contexto y la responsabilidad institucional de pacificar los ánimos, no acompaño este retroceso.
Durante estos días quedó expuesto, de manera cruda, que en Mendoza el debate público puede ser capturado por el miedo, la desinformación, el prejuicio y el oportunismo político. Y cuando eso ocurre, argumentar, explicar y convencer se vuelve prácticamente imposible. Aun así, creo que el peor error sería resignarnos a ese clima como si fuera normal: no es normal que el miedo sea el argumento central, ni que una discusión democrática derive en violencia discursiva y también real.
También lo vivimos en carne propia quienes acompañamos esta ley. Lo digo sin victimizarme, pero con sinceridad: hubo escraches, agresiones y persecución social contra quienes pensamos distinto. Y eso es algo que la política no puede naturalizar, porque es el germen de prácticas que destruyen la convivencia.
Lo dije en el recinto con claridad, y lo sostengo:
“Entiendo la actitud responsable del gobernador Suárez como un hombre de Estado, de pacificar los ánimos (…) es un acto de responsabilidad institucional, pero que yo personalmente no lo puedo acompañar. (…) Quiero manifestar y adelantar mi voto en contra (…) porque creo que vamos a retroceder a una situación donde vamos a dejar congelada la pobreza, donde no vamos a defender activamente el agua y donde vamos a seguir quedándonos en el eslogan y en el prejuicio.”
Creo que el camino era otro: más control, más evidencia, más transparencia, más participación, más exigencias técnicas y una discusión madura sobre cómo usar la actividad minera como vector de desarrollo, de reducción de la pobreza y de cuidado activo del agua. Retroceder a la 7722 nos devuelve al quietismo, y eso —para Mendoza— no es una solución: es una renuncia.
Finalmente, también lo dije con todas las letras: Malargüe no puede ser el “territorio sacrificable” al que desde la comodidad de otros lugares se le indica de qué tiene que vivir. Y tampoco podemos seguir empujando a nuestros jóvenes a emigrar para trabajar de lo que estudian, porque acá les cerramos todas las puertas.
Por estas razones, adelanté mi voto negativo a la derogación propuesta por el gobernador.
Nota en la web de la Camara de Diputados