Hoy en la Cámara de Diputados dimos un paso clave para Mendoza: aprobamos la ratificación de la adenda firmada entre la Provincia y la Nación para redireccionar los fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial y poder destinarlos, finalmente, a obras de infraestructura en toda la provincia.
Este no es un tema menor. Es una reparación histórica por un perjuicio económico real que Mendoza sufrió durante años, y que recién ahora empieza a transformarse en algo concreto.
El origen: una demanda de Mendoza por los daños de la Promoción Industrial
Estos fondos existen porque en 1998 la Provincia de Mendoza inició una demanda contra la Nación, por el perjuicio ocasionado por los regímenes de promoción industrial aplicados en provincias vecinas como San Juan, San Luis y La Rioja, que afectaron severamente a empresas mendocinas y a la economía provincial en su conjunto.
Lo expliqué en mi intervención con absoluta claridad: no fue un debate ideológico, fue un daño económico directo, medible, que impactó en actividad, inversión y recaudación:
“La promoción industrial como tal generó un perjuicio enorme a Mendoza, y la magnitud del daño son los impuestos que se dejaron de recaudar y la pérdida económica de las empresas existentes.”
Ese reclamo terminó encauzándose en un acuerdo transaccional: una forma institucional de cerrar el conflicto sin llegar a una sentencia judicial que podía generar un efecto dominó de demandas similares por parte de otras provincias.
Portezuelo del Viento: una obra elegida, pero un resarcimiento que es para toda la provincia
La compensación se instrumentó a través del compromiso de financiar una obra. En ese momento, la obra más avanzada en términos técnicos era el proyecto multipropósito Portezuelo del Viento, y por eso se lo eligió como destino original.
Pero acá hay algo central que nunca hay que perder de vista: esto no es un resarcimiento para una zona puntual, sino una compensación por un perjuicio sufrido por toda Mendoza. Por eso, cuando el proyecto se trabó, el problema no fue “que se demoró una obra”: el problema fue que se congeló una reparación que le pertenece a toda la provincia.
Cómo se hicieron efectivos los fondos: acuerdo Macri–Cornejo y una letra por USD 1.023 millones
Una parte importante de esta historia es cómo se volvió operativa la compensación. La forma de hacer efectivos los fondos para Mendoza fue a través de un acuerdo entre el presidente Mauricio Macri y el gobernador Alfredo Cornejo, donde se estipuló la entrega de una letra pagadera en cinco años por un total de 1.023 millones de dólares, con pagos trimestrales, y con destino a obras de infraestructura hidroeléctrica.
Ese fue el mecanismo concreto mediante el cual Mendoza pasó de “tener un reclamo” a tener una herramienta financiera real.
El problema: la oposición de La Pampa frenó la obra y congeló la reparación
Después vino el problema conocido: la oposición de La Pampa impidió que Mendoza pudiera avanzar con Portezuelo del Viento, y eso trabó el destino original de los fondos. Y cuando una reparación histórica queda atada a un único destino que no puede ejecutarse, el resultado es absurdo: Mendoza cobra una compensación, pero no puede transformarla en desarrollo real.
La solución: certidumbre jurídica y política para usar los fondos en más infraestructura
Lo que se buscó con la adenda ratificada hoy es dar certidumbre jurídica y política, cambiando el destino de esos fondos para que puedan ser utilizados en obras de infraestructura en general, y no únicamente en infraestructura hidroeléctrica.
Además, se mantiene un principio fundamental: estos recursos deben ser utilizados para obras e inversión, no para gastos corrientes. Es decir, que el resarcimiento se convierta en infraestructura, competitividad y desarrollo, que es exactamente para lo que Mendoza lo reclamó.
Mi intervención
En mi intervención sostuve que esta adenda no es una discusión administrativa: es corregir un problema estructural para que una compensación histórica empiece a rendir frutos concretos.