En 2019, cuando se derogó la Ley 9209 que duró 10 días y terminó con la reposición de la 7722, propusimos dejar a Malargüe fuera de las prohibiciones y tratarla como zona especial para el desarrollo minero.
Dijimos que no hacerlo era convertir a Malargüe en territorio de sacrificio, al negarle la posibilidad de dedicarse a lo que siempre supo hacer: petróleo y minería. Ahora estamos frente a la posibilidad de comenzar a transitar un camino para que la minería sea una actividad que contribuya al desarrollo de Malargüe.
Con un gran trabajo técnico en su elaboración, se nos trae una propuesta de un distrito delimitado, Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) donde se excluye la posibilidad de impactar negativamente a otros departamentos aguas abajo, porque no se afectan cuencas y ríos. Con planes de manejo para todas y cada una de las dimensiones donde se pueda generar un impacto. Estamos hablando de prospección y exploración para saber si hay minerales y de qué tipo.
Malargüe nació minero y petrolero. Con su geografía diversa, no tiene las actividades económicas del resto de la provincia, salvo su turismo que hoy es tan importante. Pero no es un turismo masivo, y si quisiéramos que lo fuera, afectaría negativamente su ecosistema.
¿Por qué desde otros lugares de Mendoza donde se puede vivir de la vitivinicultura, el agro y la ganadería, se le niega a Malargüe, la posibilidad de hacerlo con sus propios recursos naturales? ¿Por qué se arrogan la potestad de decir a qué se tiene que dedicar Malargüe?
Existe la presunción que bajo el suelo malargüino, está el cobre que tanto necesita el mundo para ir hacia una transición donde imperen las energías limpias.
¿Vamos a seguir dándole la espalda a esa demanda global, que le permitiría al departamento y a la provincia, comenzar a crecer de un modo sustentable, en base a una industria como la minera, que es madre de industrias?