En la Legislatura de Mendoza acabamos de atravesar uno de esos debates que marcan época: el tratamiento y la sanción de las modificaciones a la Ley 7722.
Lo digo sin dramatismo, pero con total claridad: Mendoza se está jugando algo importante. No solo el futuro de la minería, sino la forma en que la provincia se anima (o no) a discutir su modelo de desarrollo, su capacidad de generar empleo genuino y su posibilidad de ampliar una matriz productiva que hoy está demasiado limitada.
Yo acompañé este proyecto porque creo que, si hay una discusión que no se puede dar desde el fanatismo, es esta. Y porque sigo sosteniendo lo mismo que dije durante todo el proceso: la diferencia no es “minería sí o minería no”. La diferencia es entre minería bien hecha y minería mal hecha. Y la obligación del Estado —si realmente queremos cuidar el ambiente— es asegurarse de que solo exista la primera.
Mi intervención en el recinto
En el recinto sostuve la necesidad de salir de la discusión basada en el miedo y animarnos a hablar con datos, controles y responsabilidad. La provincia puede —y debe— crecer con reglas ambientales serias, sin improvisación y sin demagogia.
¿Qué buscaba cambiar este proyecto?
La Ley 7722, con el paso del tiempo, terminó funcionando como un “cerrojo” normativo que no solo frenó inversiones: también frenó conversaciones serias. Se convirtió en una ley donde se mezclaron la técnica, el miedo y la política, y eso fue empujando a Mendoza a una situación incómoda: una provincia con potencial geológico enorme pero sin herramientas para aprovecharlo bajo control estricto.
Este proyecto no fue un “vale todo”. Al revés: el corazón de la modificación fue elevar el estándar de control ambiental, sumar organismos que antes quedaban afuera, y construir un sistema de evaluación más completo, más profesional y más transparente. En síntesis: más control, más trazabilidad y más responsabilidad, con el recurso hídrico como eje.
Los puntos centrales: por qué sostuve que era un avance
1) Más controles técnicos y más organismos opinando
Una de las mejoras principales fue ampliar el esquema de revisión ambiental, incorporando dictámenes y miradas que fortalecen la evaluación del impacto: municipios, Irrigación, organismos científicos especializados y todo lo que sea necesario para que los expedientes no sean un trámite administrativo, sino un verdadero proceso técnico de control. No se puede hablar de minería en Mendoza sin hablar del agua. Y no se puede hablar del agua sin controles reales
2) Reglas claras para el uso de sustancias, bajo normativa argentina y estándares de seguridad
En la discusión apareció el fantasma de siempre: “van a tirar cualquier cosa”, “no hay reglas”, “esto es abrir la puerta al desastre”. La modificación, justamente, iba en sentido contrario: el uso de cualquier sustancia quedaba sujeto a normativa vigente, controlable, trazable, con exigencias de transporte, almacenamiento, manejo y aplicación. Es decir: reglas explícitas y responsabilidades concretas, no improvisación.
3) Participación ciudadana en serio (no solo en los papeles)
Otro punto clave fue reforzar la participación pública, incluyendo audiencias donde corresponde: en los departamentos involucrados, no a cientos de kilómetros de distancia y con la comunidad mirando desde afuera. El debate sobre minería exige que la gente pueda informarse, preguntar, exigir, y también controlar. Y para eso no alcanza con “cumplir” un requisito formal: hay que hacerlo de manera accesible y transparente.
4) Garantías ambientales y cierre de mina: que el costo no lo pague la sociedad
Si un proyecto avanza, no puede ser a costa del futuro. Por eso defendí que se incorporaran instrumentos de garantía para recomposición ambiental, rehabilitación y cierre. Esto es central: la obligación de restaurar no puede quedar librada a la buena voluntad. Tiene que estar prevista desde el inicio.
5) Transparencia real: información pública y trazable
Uno de los déficits históricos en Argentina (no solo en minería) es que los procesos se vuelven opacos: expedientes que no se consiguen, dictámenes que nadie entiende, controles que no se publican. La modificación incluyó herramientas para que la información esté disponible de manera pública y digital, de forma ordenada: para que cualquier ciudadano pueda ver qué se aprobó, por qué, quién dictaminó y cómo se controla.
6) Auditorías externas y seguimiento legislativo
En proyectos de cierta escala, la exigencia de auditorías internacionales es una forma inteligente de elevar la vara y evitar discusiones abstractas. No se trata de relatos: se trata de parámetros, mediciones y resultados verificables. También se estableció un esquema de seguimiento institucional que obliga a informar y rendir cuentas. Eso es exactamente lo que hay que hacer cuando se trata de un tema sensible.
7) Un Fondo Compensador para el agua (y obras en territorio)
Quizás uno de los elementos más relevantes del proyecto fue la creación de un Fondo Compensador orientado a la gestión del recurso hídrico y al saneamiento. ¿Para qué? Para que, si la provincia avanza en proyectos productivos, esa actividad tenga un correlato directo en inversiones concretas: modernización del sistema hídrico, eficiencia, infraestructura, obras necesarias para los mendocinos, y mejoras en los municipios donde se ubican los emprendimientos. Esto, para mí, siempre fue una idea simple: si hay desarrollo, tiene que haber beneficios visibles, medibles y transparentes.
Acá está el texto de la ley aprobada
y en este otro link, un resumen más detallado de la ley
Trabajo legislativo y reuniones institucionales
Durante el tratamiento del proyecto participé en distintas instancias de discusión y articulación política, incluyendo reuniones en la Cámara de Senadores con participación de diputados, donde se debatieron aspectos técnicos y políticos del alcance de la reforma.
Cobertura periodística
Este proceso tuvo impacto público y fue seguido por distintos medios, con cobertura televisiva y periodística que reflejó el clima del debate.