El diputado provincial Guillermo Mosso presentó un proyecto para que Gobernador instruya al Fiscal de Estado, que demande por daños y perjuicios a las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro y sus gobernadores.
Consideró que “El pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental le provoca a Mendoza daños inmediatos (retraso en la licitación, perjuicio a empresas, impacto en el empleo a generar) y futuros (no generación de energía hidroeléctrica) deben ser resarcidos por los causantes”.
Mosso aclaró que “no se incluye a la Nación en este proyecto, pero se queda a la expectativa de los próximos pasos del gobierno nacional: el pago del cuarto vencimiento de U$S 18,6 millones el 28 de julio y el laudo solicitado por el gobernador de Mendoza”.
Portezuelo del Viento es una obra ideada para el aprovechamiento del Rio Grande, que data de la década del 50′, cuando se realizó la 1ª Conferencia de Gobernadores del Río Colorado con las provincias de Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Con posterioridad, en 1968 se establecieron las Bases para el Acuerdo Interprovincial, lo que dio lugar a que un año más tarde se creara el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).
El COIRCO contrató al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MTI) la realización de un Programa Único de Aprovechamiento. Este trabajo dio contenido técnico a esas bases acordadas, donde también se mencionaba a Portezuelo del Viento como uno de los diques del sistema de regulación de la cuenca superior río Colorado.
Las obras proyectadas y ejecutadas sobre el Río Colorado, como el Embalse Casa de Piedra en La Pampa, inaugurado en 1996, formaron parte de ese plan acordado y aprobado por todas las provincias integrantes del COIRCO que ahora, con nuevas administraciones elegidas 6 meses atrás,)) pretenden desconocer.
Por otra parte, es conocido que la Provincia de Mendoza y la Nación acordaron resolver un conflicto judicial por los daños y perjuicios que le provocara a la primera el régimen de promoción industrial entre los años 1996 y 2000, lapso en el cual fue prorrogada por decreto y no por ley como hubiera correspondido. Esta demanda se tramitó ante la Corte de Justicia de la Nación según expediente M457 caratulado “Mendoza c/ Estado Nacional p/ Inconstitucionalidad”.
El Gobierno Provincial accedió a retirar la demanda y el Gobierno Nacional se obligó a pagar a Mendoza la obra Portezuelo del Viento, mediante la entrega de dólares U$S 1.023.362.922 contra certificación de la obra que estaba a cargo de Mendoza. Pasadas las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, recién en el gobierno de Mauricio Macri se concretó el cronograma de pago de dicha obligación, mediante la emisión de letras en dólares con vencimientos trimestrales, de las cuales el primero se pagó en ese período de gobierno y dos durante la actual presidencia de Alberto Fernández.
Es decir que ese dinero no es un aporte de gracia efectuado por la Nación, sino que pertenecen en propiedad a la Provincia de Mendoza, pues la Nación está pagando una deuda asumida y acordada. A su vez, la Provincia de Mendoza cumplió todos los pasos reglamentarios en el marco del COIRCO, especialmente respecto a los estudios de impacto ambiental de la cuenca, que fueron realizados por universidades nacionales y que fueron aprobados por las provincias que lo integran, con la sola oposición de La Pampa.
Cabe señalar que oportunamente, a través de la Comisión Técnica del COIRCO, de acuerdo a las actas de regulación y aprovechamiento del río, se acordó entre las provincias, los caudales que a cada una le corresponde usar del Río Colorado. La decisión tomada el día viernes 26/06/2020 por el Consejo de Gobierno del COIRCO, que ordena la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental para la obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento es claramente ilegítima e ilegal y le provoca a la Provincia de Mendoza un gravísimo daño que debe ser resarcido por los causantes.
Se pretende exigir que se realice lo que ya fue hecho, con una manifiesta intencionalidad de retrasar, dilatar, obstruir e impedir el desarrollo de una obra que como ya dijimos, forma parte de un plan de aprovechamiento de la cuenca que décadas atrás fue acordado y aprobado por todas las provincias integrantes del COIRCO. Institucionalmente es gravísimo que el cambio de signo político en el país o en provincias implique abruptos cambios de posición en temas consensuados entre estados provinciales durante décadas. Como así también lo es que la Nación ponga en duda el cumplimiento de sus obligaciones honradas hasta el momento.
Esto agrede la continuidad jurídica misma del Estado. Los gobiernos nuevos no asumen con beneficio de inventario con respecto a administraciones anteriores. Por el contrario, deben asumir y respetar los compromisos contraídos en un continuo jurídico que son la base del Estado. Precepto que vale tanto para la diplomacia entre naciones como para las relaciones entre provincias. Lo contrario es desconocer el Estado de Derecho. Por ello es inadmisible que el Gobierno Nacional relativice los compromisos de Estado asumidos y respetados durante cuatro presidencias frente a un insulto por Twitter de un ex gobernador pampeano.
También lo es que le pida flexibilidad a la provincia de Mendoza que, recordemos, cumplió con todos los pasos necesarios y se ajustó a derecho y reglamentos, en lugar de llamar a la razonabilidad y la cordura a quien se ha venido oponiendo sistemáticamente. Con este temperamento se termina castigando a quien cumple y se premia el comportamiento de quien desconoce lo firmado con anterioridad y solo obstruye. Un mensaje en absoluta consonancia con la concepción negativa que tiene el presidente Fernández de la meritocracia.
Vale más el favor y el amiguismo partidario que la justicia de las cosas hechas por el camino correcto. Más enervante es la situación cuando se tiene en cuenta el ofrecimiento que realizó Mendoza al comprometer la conformación de un comité para auditar el manejo de los caudales y el llenado de la presa, junto con el aval de un fondo de garantía, aportado por la propia provincia. Esta oferta es una muestra de la buena fe de Mendoza, quien no tiene nada que negociar ya que a su razón le asisten la geografía, el derecho, la jurisprudencia y el cumplimiento de normas, reglamentos y acuerdos.
Esta actitud de transparencia fue correspondida con una votación artera por las otras provincias integrantes del COIRCO. A nadie escapa que lo votado configura un grave perjuicio económico y social para la provincia de Mendoza, tanto inmediato como futuro.
Solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental, cuando ya se ha realizado, es un intento de dilación al correcto proceso que se ha venido realizando hasta el momento. Y este entorpecimiento avasalla el derecho de la provincia de usufructuar una fuente de energía de su propiedad.
En las puertas de la presentación de ofertas para la licitación internacional del proyecto de aprovechamiento múltiple, esta maniobra desalienta a los consorcios y uniones de empresas que están analizando su participación.
También pone en situación de incertidumbre a las empresas locales que, frente a la posibilidad de participar como empresas nominadas en la licitación, vienen resistiendo a los estragos económicos de la pandemia, para no perder músculo operativo.
Esto además repercutirá en las posibilidades de generación de puestos de trabajo, para los que entidades empresariales y gubernamentales vienen capacitando a muchos mendocinos. Estos efectos económicos negativos serán inmediatos y empeorarán la crisis económica que amplificó el covid-19.
En cuanto a los perjuicios futuros, surge claramente el lucro cesante que la provincia de Mendoza sufrirá por la no generación de energía hidroeléctrica, en los tiempos contemplados en el cronograma del proyecto.
Por todo lo expuesto con anterioridad, y por los motivos que oportunamente se expongan en el recinto es que venimos a solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de resolución.
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