Participé en Mendoza del encuentro “Alianzas para una transición energética justa y sostenible”, organizado por Poder Ciudadano y la Universidad del Aconcagua, un espacio de diálogo entre sector público, empresas, especialistas y sociedad civil.
Durante mi intervención planteé el rol que tenemos desde el Poder Legislativo para aportar a una agenda energética con mayor transparencia e integridad. Señalé que nuestra tarea no se limita a sancionar leyes, sino también a contribuir al debate público, comunicar con claridad y ayudar a construir consensos que permitan políticas sostenibles en el tiempo.
También abordé el contexto actual del sistema energético. A nivel global y local, la matriz sigue siendo mayoritariamente fósil, lo que plantea desafíos concretos para avanzar hacia una transición ordenada. En Argentina, esa dependencia es aún más marcada, lo que obliga a pensar el proceso con realismo, sin perder de vista los objetivos ambientales.
En ese marco, planteé que la transición energética no puede analizarse de manera aislada, sino vinculada a cuestiones como la cobertura, la eficiencia y los costos del sistema. Entender cómo se produce y se distribuye la energía es clave para diseñar políticas que sean sostenibles y socialmente viables.
Además, señalé la importancia de mejorar los procesos de participación ciudadana y de dejar atrás enfoques simplistas en el debate energético. La construcción de una agenda sólida requiere reglas claras, diálogo entre sectores y una mirada de largo plazo que combine desarrollo, inversión y cuidado ambiental.